El gasto en contratación pública asciende a aproximadamente el 18% del PIB de España, esto es casi uno de cada 5 euros, una enorme cantidad de dinero que, hasta ahora, se ha usado de manera bastante irresponsable (y no es porque lo digamos nosotros/as):
«(…)En un reciente trabajo la Comisión Nacional de los Mercados y de Competencia (CNMC) estimaba que unos 47 500 millones de euros anuales -un 4,7 % del PIB- eran consecuencia de los sobrecostes ocasionados por un deficiente sistema de contratación pública(…)»– Informe de la Asociación de geógrafos españoles – (1)
Esta cuantía supone un enorme potencial para mejorar las condiciones laborales y sociales de la ciudadanía, así como una reducción limitada del negativo impacto ecológico de nuestra industria y comercio.
Desde Unidas Podemos queremos aportar nuestro granito de arena realizando un ejercicio de contratación pública mas responsable. Por esto uno de los puntos de nuestro programa constituye un compromiso por nuestra parte a asumir la responsabilidad de darle una vuelta de tuerca a la contratación de servicios desde nuestro ayuntamiento, potenciando criterios sociales en dicho ejercicio. Apoyándonos en la nueva ley de contratación pública aprobada el 8 de noviembre de 2017, basada a su vez en las directrices en este campo de la UE (2), queremos aplicar una serie de criterios en el ejercicio de la contratación, como son:
-Promocionar, en la medida de lo posible, el acceso a los contratos públicos a aquellas empresas cuyas políticas laborales incluyan la integración, negociación colectiva con sus empleados, así como buenas prácticas en el desempeño de su ejercicio en cuanto a impacto ecológico.
-Promocionar el comercio de cercanía por el menor impacto ecológico de los mismos.
-También priorizar aquellas empresas cuyos compromisos fiscales se encuentra en saneados, excluir del acceso a los contratos a aquellas empresas que usen filiales en paraísos fiscales (3)(4), utilicen recursos de ingeniería fiscal para evitar cumplir con sus responsabilidades fiscales, SICAVS, etc…, por su terrible impacto colateral en los derechos a los servicios esenciales de la población.
-Penalizar a toda empresa que use tribunales de arbitraje de resolución de controversias inversor/estado (ISDS)(5) para demandar a España o terceros países, por la erosión que suponen estos tribunales a la capacidad de legislar democráticamente y por el impacto económico a los paises.
-Realizar una cuidadosa planificación y supervisión de los contratos previa firma y durante la ejecución de los mismos en cuanto a las directrices anteriores.
La finalidad, para concluir, será promocionar toda actividad comercial con dinero público, que cubra de manera responsable y eficaz las necesidades de los/as vecinos/as, a la vez que se promocionan las empresas que cuidan el medioambiente, sus relaciones laborales con los empleados, que asumen sus responsabilidades fiscales, etc…, por encima de las empresas de mayor impacto ecológico, las que evaden impuestos,…
(1) Descargar Informe de la Asociación de geógrafos españoles: www.age-geografia.es/ojs/index.php/bage/article/download/2628/2453
(2) http://boe.es/boe/dias/2017/11/09/pdfs/BOE-A-2017-12902.pdf#BOEn
(3) www.globalpoliticsandlaw.com/2018/05/24/contratacion-publica-paraisos-fiscales/?utm_source=Global+Politics+and+Law&utm_campaign=b6e30cfded-EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_27_06_35&utm_medium=email&utm_term=0_8b4bb40769-b6e30cfded-109830349
(4) www.globalpoliticsandlaw.com/wp-content/uploads/2018/05/Guia_ParaisosFiscales.pdf
(5) https://www.noalttip.org/tag/isds/
unidaspodemosiuunionprogresista.wordpress.com 